México: Carta abierta sobre el Acuerdo de fecha 25/08/2021

Omega Research Foundation y la Anti-Torture Initiative escribimos una carta abierta al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para compartir nuestras preocupaciones con relación al Acuerdo de fecha 25 de agosto de 2021, que denota una comprensión equivocada del objetivo y alcance del Protocolo de Estambul: Manual de las Naciones Unidas para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

A continuación, el texto completo de la carta:

 

                                  

 

Su Excelencia Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Palacio Nacional
Ciudad de México, México

Asunto: Carta abierta sobre el Acuerdo de fecha 25/08/2021                                                                                                

                                                                                                            9 de septiembre de 2021

Su Excelencia,

Nos dirigimos a usted, Omega Research Foundation[1] y la Iniciativa Anti-Tortura[2], en relación con el Artículo Tercero, numeral II del Acuerdo que se publicó el 25 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, “por el que se instruyen a las instituciones que en el mismo se indican, a realizar acciones para gestionar, ante las autoridades competentes, las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas, así como para identificar casos tanto de personas en prisión preventiva, como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

No obstante, queremos comenzar por felicitar su enfática condena a la práctica de agentes estatales de obtener información o confesiones mediante tortura. Además de ser inmoral y estar absolutamente prohibido por el derecho internacional, está comprobado científicamente que uso de coacción, tortura, u otros malos tratos no permite obtener información confiable con miras a la investigación efectiva. Sobre este particular, aprovechamos la oportunidad para compartir con usted que, con base en hallazgos científicos, así como en la normativa internacional en materia de prevención de la tortura, un grupo multidisciplinario de expertos y expertas de diferentes regiones del mundo, lanzaron recientemente los "Principios sobre Entrevistas Efectivas para Investigación y Recopilación de Información"[3].

Estos Principios promueven un cambio de cultura institucional y la adopción de procesos y técnicas de entrevista que permiten obtener información confiable a la vez que garantizan el goce efectivo de los derechos humanos de las personas sometidas a entrevistas de investigación. La implementación de estos principios permite a los Estados responder directamente a sus obligaciones frente a los artículos 10 y 11 de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los cuales abordan el deber de capacitar, entre otros, a los funcionarios públicos que participan en la detención e interrogatorio de personas privadas de libertad, y el deber estatal de revisar periódicamente sus normas, instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio/entrevista.

Con relación al artículo tercero, numeral II del Acuerdo, con espíritu de cooperación y con fundamento en nuestra experiencia, queremos plantearle algunas preocupaciones que tenemos frente a las implicaciones del texto. Actualmente, estamos impartiendo, bajo el auspicio de la Suprema Corte de Justicia, el “Curso Sobre el Protocolo de Estambul y su Interacción con el Poder Judicial de la Federación[4]”, un programa de formación multidisciplinario dirigido a alrededor de 180 personas juzgadoras del sistema penal federal.

Como primer punto, el Acuerdo plantea “Revisar la información e identificar aquellos casos en los que existan personas que hayan sido víctimas de tortura, que se encuentre acreditada con los dictámenes correspondientes al Protocolo de Estambul...” , una redacción que denota una comprensión equivocada del objetivo y alcance del Protocolo de Estambul: Manual de las Naciones Unidas para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Protocolo de Estambul es una compilación de estándares éticos, jurídicos y médicos que hemos tenido la oportunidad de compartir con diversos operadores de justicia en México. El objetivo de los dictámenes médicos-psicológicos realizados bajo el Protocolo de Estambul es evaluar el nivel de consistencia entre el relato de la presunta víctima y los hallazgos medico- psicológicos de los peritos/as; no es su propósito determinar si hubo tortura o no. Un dictamen con algún grado de consistencia constituye evidencia importante sobre la comisión de actos de tortura; no obstante, la ausencia de consistencia no la descarta, particularmente cuando el tiempo transcurrido es tal que permite que sea imposible identificar lesiones físicas.

Como segundo punto, el texto del acuerdo continúa “…de los que se desprenda que con dicha violación se obtuvo la única prueba incriminatoria en su proceso penal y que las partes legitimadas promuevan ante las autoridades judiciales competentes, las medidas pertinentes, respecto de la libertad de las personas”, una redacción que parece indicar que el dictamen médico-psicológico puede dar cuenta del tipo de pruebas obtenidas por las autoridades producto de la tortura y además de su valoración en el proceso penal. Desde esta lectura, el acuerdo espera de los peritos/as información que no tienen facultad o conocimiento para presentar.

Frente a una denuncia de tortura o tratos crueles, el Estado tiene la carga de la prueba para demostrar que no acudió a esta práctica ilegal que vulnera la integridad física y mental de quienes el Estado está llamado a proteger. En este sentido, y ante el mínimo indicio de que la tortura pudo suceder, es responsabilidad del Estado y no de la presunta víctima demostrar lo contrario, aunque la presunta víctima consienta a un peritaje bajo el Protocolo de Estambul. Son muchos los tipos de evidencia que puede y debe recoger la fiscalía, presentar la defensa y valorar la judicatura en relación con los cuatro elementos constitutivos de este crimen: El dolor o sufrimiento físico y/o mental, infligido intencionalmente por un agente público con un fin específico. Se destacan las pruebas testimoniales, las declaraciones contemporáneas con la detención, los registros internos de las comisarías, fiscalías y centros penitenciarios, los exámenes médicos practicados al ingreso del detenido, las pruebas audiovisuales, material físico y material biológico, entre otras.

Requerir a los peticionarios del beneficio que demuestren los alegatos de tortura mediante dictámenes médico-psicológicos traslada indebidamente la carga de la prueba a la víctima cuando le corresponde al Estado.  El requisito hace indispensable que la posible víctima acepte someterse a una evaluación que en ningún caso es obligatoria, y en ausencia de la cual la investigación debe realizarse de todos modos bajo los mismos principios de rapidez, imparcialidad y eficacia. Finalmente, descartar un caso de posible tortura únicamente por la falta de consistencia entre la denuncia y una evaluación médico-psicológica, contraviene el derecho internacional.

Tal como cita el Acuerdo en sus Consideraciones, la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece, en concordancia con el derecho internacional, que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal contra cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, y reconoce que no son víctimas de tortura solo aquellas personas de las que se obtiene una confesión auto-incriminatoria, sino también quienes hayan padecido dolor y sufrimiento en manos de agentes públicos que tuvieran como finalidad la obtención de información, la discriminación, la intimidación, el castigo, la coacción y servir de medida preventiva. La definición internacional incluye además como propósitos la obtención de información o coacción contra terceros.

Por todo lo anterior, con respeto, recomendamos que se modifique el Acuerdo para que admita el uso de cualquier tipo de prueba para acreditar los alegatos de tortura u otros malos tratos; que cobije a todas las víctimas de tortura, no sólo a aquellas de las que se extraiga una confesión auto-incriminatoria, que enfatice que el Estado tiene la obligación de investigar dichos alegatos, que exalte el rol de jueces y juezas en la valoración de la prueba y que se disponga la exclusión del proceso de toda prueba obtenida ilícitamente y que – en ausencia de otras pruebas legítimas que justifiquen la detención – se ordene la liberación de las personas que fueron torturadas.

Cordialmente,

 

        Matthew McEvoy                                                              Juan E. Méndez
  Omega Research Foundation                                       Director del Anti-Torture Initiative      
                                                                    Former UN Special Rapporteur on Torture, 2010-2016

                                                                              

 

[1] Omega Research Foundation es una organización no gubernamental con sede en el Reino Unido, dedicada a realizar investigaciones rigurosas, objetivas y basadas en evidencia sobre la fabricación, el comercio y el uso de tecnologías militares, de seguridad y policiales. Omega formula opciones de política basadas en datos que se han incorporado en los reglamentos de comercio nacionales y regionales y han mejorado su aplicación. Omega promueve la aplicación de las normas de derechos humanos relativas al uso de la fuerza y la prevención de la tortura.

[2] La Iniciativa Contra la Tortura (ATI en inglés) es un proyecto clave del Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University – Washington College of Law. La ICT fue creada en 2011 para expandir y dar seguimiento al trabajo desarrollado por el ex Relator Especial sobre la tortura de las Naciones Unidas y profesor en residencia del WCL, Juan E. Méndez. La ICT ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de estándares de protección, además, ha brindado acompañamiento y asistencia técnica a múltiples actores en diferentes jurisdicciones, procurando el desarrollo de capacidades y la implementación de buenas prácticas.

[3] https://www.apt.ch/es/news_on_prevention/principios-sobre-la-entrevista-eficaz-para-las-investigaciones-y-la-recopilacion

[4] Equipo docente: Verónica Hinestroza, integrante de la Red de Expertos de Omega Research Foundation y Asesora Jurídica Senior de Fair Trials; Juan E. Mendez, Profesor en residencia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en American University – Washington College of Law, donde además dirige la Iniciativa Contra la Tortura; Marina Parras, médica adjunta del Servicio de Urgencias del Hospital Infanta Sofía, en Madrid; Rafael Barreto, integrante de la Red de Expertos de Omega Research Foundation; y Matthew McEvoy, Investigador Asociado de Omega Research Foundation.